miércoles, 12 de noviembre de 2014

Nuestra voz


Carta Política
del 

II Encuentro Nacional de Agroecología
Las organizaciones campesinas e indígenas, los colectivos y personas que en caravanas llegamos al II Encuentro Nacional de Agroecología, desde distintos lugares del país hasta los Cantones Cayambe y Pedro Moncayo, entre el 23 y 26 de octubre del 2014, para compartir reflexiones y propuestas que se construyeron en cada territorio, juntamos las voces y declaramos ante la sociedad ecuatoriana lo siguiente:
1.             En el país se profundiza el modelo extractivista y primario exportador. El Plan Nacional de Desarrollo plantea la promoción de nuevas industrias y sectores “con alta productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que genere”[1]. Palabras más, palabras menos, el denominado cambio de matriz productiva se asienta sobre estructuras sociales y productivas que han determinado un país tremendamente desigual. Se impulsa desde una mirada única e impositiva de desarrollo, del Bien Estar, del Buen Vivir, y no desde un esfuerzo colectivo que integre la diversidad social y cultural del país.  

Las políticas públicas que se han implementado de redistribución del ingreso, de ampliación del acceso a los servicios públicos como salud y educación, de construcción de infraestructura física, se asientan en un modelo extractivista que no es sostenible. En el mundo rural se promueve el agronegocio y los grandes monocultivos y no se democratiza el acceso a los medios de producción como la tierra y el agua, se amplían áreas para la explotación petrolera y minera sin consideración de los enormes daños ambientales y graves conflictos sociales que provoca. En el conjunto de la sociedad se favorece un consumismo exacerbado que presiona hacia la intensificación del extractivismo. El resultado es un país donde la pobreza sigue siendo alta, la riqueza está concentrada en pocas manos, se agudiza la destrucción de la naturaleza, se incrementa la concentración poblacional en las grandes ciudades, continúa el abandono del campo y se profundiza el desequilibrio territorial.
En territorios campesinos se incentivan formas de producción basadas en la revolución verde con su paquete de fertilizantes químicos, agrotóxicos, uso de las denominadas semillas mejoradas y en el encadenamiento del campesinado al agronegocio, perdiendo así autonomía, soberanía alimentaria y contribuyendo a la degradación ambiental a la que conllevan los monocultivos.
Con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea el gobierno ha tomado partido por la agroexportación y en debilitamiento de las economías campesinas, que serán afectadas por nuevas normas que limitan el acceso al mercado, permiten la apropiación de semillas y conocimientos por parte de las empresas, y abren las puertas a la importación de alimentos en los que hoy somos autosuficientes.
En nuestra experiencia compartida de organizaciones campesinas es evidente que la política pública agraria no contempla a la agricultura campesina. Cotidianamente vemos el modo en que normas como las denominadas Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son aplicadas por igual para grandes empresas como para las fincas campesinas, a sabiendas que las últimas quedarán sin opciones.
Se plantea que la viabilidad de nuestras unidades productivas campesinas está atada a la aceptación de los encadenamientos productivos, mientras queda fuera de toda discusión real en las leyes agrarias la transformación de la estructura de propiedad y de acceso a los recursos productivos en el campo, y se criminaliza la lucha por la defensa de los territorios.
Si bien se ha fortalecido una institucionalidad pública debilitada en el periodo neoliberal, su acción ha adquirido un carácter impositivo y hay cada vez menos capacidad de diálogo. A la par se promueve una normatividad restrictiva de derechos y sancionadora: el Código Integral Penal, el Decreto 16 y otros instrumentos que penalizan la lucha social. Estas normativas a las que se suman el conjunto de propuestas de enmiendas a la Constitución, afianzarán el autoritarismo y la restricción de derechos.
Planteamos que el modelo de desarrollo es excluyente, y favorece a los mismos sectores dominantes que por décadas se han aprovechado de los recursos naturales, y explotado la fuerza de trabajo campesina, al amparo del Estado. Eso no ha cambiado. 
Los y las campesinas afirmamos que hemos sido históricamente garantes de la soberanía alimentaria, aportando en el 60% de la canasta básica alimentaria y conservando la agrobiodiversidad y el agua que son recursos estratégicos. Miles de familias con poca tierra y agua aportamos con nuestro trabajo al desarrollo productivo del país mientras cuidamos a la Pachamama, esta es una forma de cuidarnos a nosotros mismos.
Apostamos por la diversidad, la producción de alimentos sanos para alimentar al pueblo, la reconstrucción ecológica de nuestros territorios dañados y enfermos por una agricultura de la revolución verde, mientras recomponemos nuestros lazos solidarios y comunitarios, rechazando el individualismo y la competencia inhumana que nos propone el sistema capitalista.
Los campesinos y campesinas somos actores estratégicos para la alimentación y la economía de la sociedad ecuatoriana.
Valor-arte Caravana alumnos de Cotopaxi
Foto: PKthevetia

2. Nuestra propuesta agroecológica.- La agroecología recoge un conjunto de prácticas productivas, enseñanzas del mundo campesino y de comunidades indígenas y del  conocimiento científico y proyecta un profundo sentido de vida comunitaria y de convivencia con la naturaleza. En la agroecología confluyen estrategias de resistencia, de construcción de soberanía, de decisiones consensuadas en el territorio, de sostenimiento de la cultura, de reconocimiento a nuestra herencia como sociedades agrarias y de construcción de nuestra autonomía frente al capital.
Es un proyecto para la ruralidad pero también para toda la sociedad. Es una opción política y económica que permite romper con el monopolio de las transnacionales sobre los alimentos y devolver a la ciudadanía el derecho a la alimentación sana y culturalmente adecuada. Es el instrumento para afirmar que la comida no es una mercancía si no un derecho de todas las personas.
La agroecología nos permite enfrentar la desnutrición y malnutrición que son problemas de salud pública. Su papel fundamental es garantizar la soberanía alimentaria, sin dañar los ecosistemas, pues permanentemente mantiene los procesos naturales. Nos permite producir alimentos sanos para el pueblo. Es una propuesta que contribuye a disminuir radicalmente la emisión de gases de efecto invernadero, menos petróleo, más reciclaje, más conservación de la biodiversidad, por tanto, es una contribución directa a enfriar el planeta  y posibilita a que las comunidades rurales puedan enfrentar en mejores condiciones los impactos provocados por el cambio climático.
Para nosotros campesinos y campesinas la agroecología nos convoca a un permanente acercamiento con la naturaleza, a trabajar con ella y no contra ella. Desde la agroecología se valora el trabajo de la gente como el trabajo de la naturaleza. Se plantea una constante tarea de reconstrucción ecológica de nuestros territorios cada vez más devastados y degradados por malas prácticas asociadas al extractivismo.

Exigimos políticas sencillas, prácticas y efectivas en torno a riego, tecnologías apropiadas, mercados locales y aprendizajes agroecológicos, que tengan un carácter integral e integrador del territorio.

La feria del II ENA
Foto: Gustavo Huera

3. Nuestro primer horizonte es la reconstrucción del movimiento campesino.
La unidad es lo que nos fortalece para luchar, campesinos, indígenas, trabajadores del campo y la ciudad, para encontrar caminos hacia la soberanía alimentaria, ampliar la autonomía frente a modelo extractivo y defender nuestros derechos básicos fundamentales.
La nueva matriz productiva nos afecta a todos, nos proletarizará y generará mayor despojo. Por ello, más allá de las pertenencias culturales y regionales, el campesinado debe actuar de forma unitaria, recuperar nuestra dignidad y orgullo de ser productores de alimentos, e impulsar nuestra solidaridad como clase.
Dejamos de esperar que las soluciones lleguen desde el Estado y desde los gobiernos, que como éste, ya ha tomado posición por el agronegocio. Los campesinos y campesinas trabajamos por construir poder popular desde los territorios. Desde allí planteamos una diferente relación con la institucionalidad pública donde las normas y políticas respondan al fortalecimiento de la vida social y cultural campesina.
La juventud rural y las mujeres están en el centro de nuestros procesos organizativos. Las mujeres son el corazón de la soberanía alimentaria y las principales promotoras de la agroecología y el cuidado de la agrobiodiversidad. Debemos luchar contra el patriarcado y la violencia para fortalecer la organización.

Frente a las acciones por desarticular al movimiento social, por controlar los procesos y dividir a las organizaciones, los campesinos y las campesinas hablamos con voz propia, y juntos nos representamos a nosotros mismos. 

4. Nuestra lucha por democratizar el acceso a la tierra y el agua.- La tierra y el agua están concentradas en pocas manos, y no existe ninguna política de redistribución. Por el contrario, prima el criterio de su uso y apropiación en función del aumento de la productividad en los rubros prioritarios de la nueva matriz productiva, caña, banano y palma entre otras, mientras que la producción que sostiene la soberanía alimentaria, como es la agricultura campesina agroecológica y diversa, es marginada.
El régimen de uso de la tierra privilegia los monocultivos de exportación, lo cual se verá ahondado con la nueva Ley de Tierras, que no recoge las propuestas de las organizaciones indígenas y campesinas, y no plantea mecanismos ciertos para sancionar el latifundio y redistribuir la tierra. Una verdadera redistribución debe poner la tierra prioritariamente al servicio de la producción de alimentos para el mercado interno en manos de campesinos y debe evitar toda forma de reconcentración de la tierra.
Es  necesario que las organizaciones y las familias productoras discutamos sobre la minifundización de la tierra, debido a que esta poca tierra no permite tener una economía campesina de bienestar,   propongamos desde nuestra realidad, involucrando a los jóvenes, a las mujeres, a los mayores  para encontrar una respuesta que permita construir un territorio de soberanía alimentaria y buen vivir.
La propiedad y formas de comunitarias de uso de la tierra deben ser protegidas y denunciamos los intentos constantes del Estado por fraccionar e individualizar nuestros territorios comunales.
El riego es un privilegio al que accede prioritariamente la agroindustria. Políticas de redistribución del agua han estado y siguen ausentes, constituyendo el acceso al agua en varias regiones del país un hecho de inequidad sin nombre. Los que más utilizan y contaminan el agua, son los que menos pagan.

La Ley de Aguas restringe la participación de la sociedad en la toma de decisiones, aun cuando cada vez es más evidente que solamente con mayores niveles de participación de la sociedad en la toma de decisiones sobre un patrimonio nacional de uso público, se puede garantizar el derecho humano al agua, su uso equitativo y su cuidado. En no pocos casos, los campesinos que hemos levantado nuestros sistemas de agua con mingas y esfuerzos propios, y donde se ha dado inversión pública, somos desconocidos por la Ley de Aguas que nos despoja de la competencia sobre el riego, entregándola a los GADS. La gestión del agua no es solamente cobrar tasas y entregar adjudicaciones, sino cuidar el agua en todas sus formas, los páramos y los ecosistemas para que se mantenga el ciclo vital hidrológico, y esta es nuestra exigencia tanto en la gestión pública como comunitaria del agua.

5. Los campesinos aportamos en múltiples planos a la economía.-  Los campesinos y campesinas somos sujetos fundamentales de la economía, que abordamos procesos de producción, transformación e intercambio. Para ello hemos creado estrategias que aseguren producción, cuidado del ambiente, justicia social y relaciones menos inequitativas entre el campo y la ciudad.
Cada vez más la distribución de los alimentos se encuentra en manos de monopolios. Los municipios de una u otra manera han favorecido la presencia de estos monopolios y poco o nada han hecho para favorecer iniciativas de intercambio directo productor consumidor, y por el contrario impiden que se gesten mercados locales agroecológicos, salvo contadas excepciones. 
En el país hay varias experiencias de mercados locales agroecológicos que se han mantenido de hace varios años. Contamos con mecanismos como los sistemas participativos de garantía (SPG) basados en la confianza y el en derecho a controlar y ser controlado, por lo tanto exigimos que el Estado y la sociedad lo respete sin disminuir su autonomía.
Demandamos un espacio para la comercialización e intercambio a través de las ferias agroecológicas campesinas, que reconozcan el aporte del producto agro ecológico como un producto sano para el pueblo. Exigimos el derecho a establecer circuitos de comercialización directa del productor al consumidor y a ampliar la compra pública a los productores campesinos y fundamentalmente a los grupos que producen agroecológicamente.
Luchamos por un trato diferenciado a los productores agroecológicos por todos los aportes que brindamos a la sociedad. Exigimos se revea la aplicación del reglamento de buenas prácticas de manufactura porque no responden a las realidades del mundo rural y son utilizadas para favorecer a los agronegocios. Sí, nos comprometemos a trabajar sobre buenas prácticas campesinas-artesanales para cuidar la salud de los consumidores y la calidad de los productos.
La minga en Chimborazo
Foto: PKthevetia
Las agriculturas campesinas agroecológicas cumplen un rol fundamental en la ocupación de mano de obra, incluso,  población que no puede acceder a empleos ni en la agroindustria, ni en industrias, como son las personas de la tercera edad, cumplen un rol importante en la actividad productiva de las familias campesinas. Este esfuerzo debe ser compensado por el estado desde el impulso a iniciativas que combinen protección como gestación de iniciativas sociales.    
6. Las semillas tradicionales son la fuente que posibilita la agroecología.- Reconocemos que la agrobiodiversidad y las semillas son resultado del trabajo de hombres y mujeres que a través del tiempo ha logrado conocer, seleccionar, mejorar, adaptar, perfeccionar variedades de plantas y razas de animales, para cada ecosistema, nicho ecológico y territorio. Por tanto la agrobiodiversidad es sustento y cultura, base de la agroecología y soberanía alimentaria.
Nuestras semillas son un patrimonio cultural y exigimos que sean reconocidas como tal, de libre circulación y sin ser apropiadas ni patentadas.
El agronegocio destruye la agrobiodiversidad, por ello, planteamos la defensa de la semilla criolla y ancestral, su conservación y uso en las fincas, y la permanente transmisión de los conocimientos asociados a nuestra juventud. No pueden las empresas, las corporaciones o los Institutos de investigación apropiarse o comprar el saber colectivo, nadie es dueño de éste, es patrimonio de los pueblos y así debe seguir.
Las semillas que hemos entregado al Estado y que se mantienen en el Banco de Germoplasma del INIAP, deben ser por derecho accesibles a través de mecanismos claros y no burocráticos para su reintroducción a los agroecosistemas.  
Nos oponemos radicalmente a la introducción de semillas y organismos transgénicos.

7. El TLC-UE: el campesinado será profundamente afectado y no debe ser ratificado.-  El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, al igual que todos los TLCs, privilegia los intereses de la agroindustria de exportación (en el marco de la nueva matriz productiva) y facilita la entrada de productos de la agroindustria subsidiada del norte, frente a la cual los campesinos no podemos competir. 
No hay en el TLC ninguna oportunidad de desarrollo para la economía y la industria artesanal campesina. Por el contrario, las normas estipuladas por este tratado, restringe los mercados campesinos, permite la apropiación privada de la agrobiodiversidad y los conocimientos, y contribuye a una concentración aun mayor de los recursos productivos y de mercado.
Nos oponemos a la ratificación del TLC-UE, y nos planteamos la defensa de los mercados campesinos como condición para que se garantice la soberanía alimentaria en el país.

8. Afirmamos la importancia de la educación intercultural y la formación como un derecho y como una necesidad de las organizaciones campesinas.- Los procesos educativos propios indígenas y campesinos han surgido como necesidad de la lucha, desde el territorio, la identidad, la lengua y el proceso de descolonización.
La formación agroecológica aparece como una necesidad de este momento político del campesinado. Debemos construir propuestas de formación para responder de manera autónoma. No creemos en la asistencia técnica autoritaria desde arriba, sí planteamos un diálogo de saberes, abiertos a la recreación del conocimiento y al derecho a estar plenamente informados para la toma de decisiones en los territorios, desde la perspectiva del Bien Estar y Buen Vivir de la población.
La agroecología nos permite revalorizar el conocimiento campesino frente a la autoridad académica. La universidad debe transformarse profundamente para responder a las demandas sociales y en particular, las del campesinado. Es una de nuestras tareas plantearle a la Universidad la agroecología como proyecto académico, científico y como una necesidad social.
En torno a la educación primaria e intercultural, evidenciamos la manera inconsulta y prepotente de autoridades educativas que en muchos casos han decidido el cierre de escuelas rurales. Sin consideración a condiciones particulares de ubicación y culturales, y a nombre de las ventajas educativas de las escuelas del milenio que no dejan de ser también en muchos casos “infraestructura grande con débil contenido educativo”, se ha procedido al cierre injustificado de muchos centros educativos rurales. Expresamos que esta acción responde a un pensamiento positivista, homogeneizante y no democrático, donde el sentido de la educación intercultural al igual que el sentido comunitario y de proximidad al entorno ambiental, han sido vaciados. Demandamos del Estado el derecho a mantener formas educativas diversas que favorezcan la formación integral y la interculturalidad en las nuevas generaciones. 
 
9. Denunciamos la expansión del extractivismo y de la criminalización.- Existe una política de Estado que persigue  y criminaliza a todo aquel que se oponga a proyectos extractivos. En este marco nos solidarizamos con el compañero Javier Ramírez de Intag, preso político, que junto a su organización viene planteando alternativas al extractivismo, una de ellas la producción agroecológica. Esto sólo demuestra que los intereses de las transnacionales prevalecen sobre las alternativas campesinas y de las comunidades  indígenas.
El actual régimen, no tiene intención de cambiar el modelo de acumulación primaria ni su alianza con el capital global, para un mayor enriquecimiento de pocos. Es necesario enfrentar con lucha firme, con procesos organizados que pongan como centro la soberanía alimentaria en el territorio.
Exigimos el sobreseimiento de todos casos de campesinos enjuiciados por su defensa de la naturaleza y la inmediata libertad para el compañero Javier Ramírez. Reconocemos que su lucha es nuestra lucha. 
Marcha en Cayambe
Foto: PKthevetia
10. Fortaleciendo nuestra organización y alianzas.- Los mecanismos institucionalizados de participación se han convertido en un instrumento de control y de manipulación del campesinado, puesto que nuestras propuestas han sido ignoradas o simplemente desechadas ya sea a través de las consultas como de los mecanismos de participación ciudadana propiciados desde el estado. Por esta razón nuestra prioridad es construir la organización social, la unidad y el poder popular desde los territorios y en alianza con los trabajadores, los indígenas y los consumidores organizados.


La agroecología y la soberanía alimentaria serán construidas por manos campesinas y trabajadoras.

Esta carta forma parte del conjunto de resoluciones dadas en el II Encuentro Nacional de Agroecología.



[1] Objetivo 10. Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017