Carta Política
del
II Encuentro Nacional de Agroecología
del
II Encuentro Nacional de Agroecología
Las organizaciones campesinas e
indígenas, los colectivos y personas que en caravanas llegamos al II Encuentro
Nacional de Agroecología, desde distintos lugares del país hasta los Cantones
Cayambe y Pedro Moncayo, entre el 23 y 26 de octubre del 2014, para compartir reflexiones
y propuestas que se construyeron en cada territorio, juntamos las voces y declaramos
ante la sociedad ecuatoriana lo siguiente:
1.
En el país se profundiza el modelo
extractivista y primario exportador. El Plan Nacional de Desarrollo plantea
la promoción de nuevas industrias y sectores “con alta productividad,
competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con visión territorial y de
inclusión económica en los encadenamientos que genere”[1].
Palabras más, palabras menos, el denominado cambio de matriz productiva se
asienta sobre estructuras sociales y productivas que han determinado un país
tremendamente desigual. Se impulsa desde una mirada única e impositiva de
desarrollo, del Bien Estar, del Buen Vivir, y no desde un esfuerzo colectivo
que integre la diversidad social y cultural del país.
Las
políticas públicas que se han implementado de redistribución del ingreso, de ampliación
del acceso a los servicios públicos como salud y educación, de construcción de infraestructura
física, se asientan en un modelo extractivista que no es sostenible. En el
mundo rural se promueve el agronegocio y los grandes monocultivos y no se
democratiza el acceso a los medios de producción como la tierra y el agua, se
amplían áreas para la explotación petrolera y minera sin consideración de los
enormes daños ambientales y graves conflictos sociales que provoca. En el
conjunto de la sociedad se favorece un consumismo exacerbado que presiona hacia
la intensificación del extractivismo. El resultado es un país donde la pobreza
sigue siendo alta, la riqueza está concentrada en pocas manos, se agudiza la
destrucción de la naturaleza, se incrementa la concentración poblacional en las
grandes ciudades, continúa el abandono del campo y se profundiza el
desequilibrio territorial.
En territorios campesinos se incentivan
formas de producción basadas en la revolución verde con su paquete de
fertilizantes químicos, agrotóxicos, uso de las denominadas semillas mejoradas
y en el encadenamiento del campesinado al agronegocio, perdiendo así autonomía,
soberanía alimentaria y contribuyendo a la degradación ambiental a la que
conllevan los monocultivos.
Con el Tratado de Libre Comercio con la
Unión Europea el gobierno ha tomado partido por la agroexportación y en
debilitamiento de las economías campesinas, que serán afectadas por nuevas
normas que limitan el acceso al mercado, permiten la apropiación de semillas y
conocimientos por parte de las empresas, y abren las puertas a la importación
de alimentos en los que hoy somos autosuficientes.
En nuestra experiencia compartida de
organizaciones campesinas es evidente que la política pública agraria no
contempla a la agricultura campesina. Cotidianamente vemos el modo en que
normas como las denominadas Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son aplicadas
por igual para grandes empresas como para las fincas campesinas, a sabiendas
que las últimas quedarán sin opciones.
Se plantea que la viabilidad de
nuestras unidades productivas campesinas está atada a la aceptación de los
encadenamientos productivos, mientras queda fuera de toda discusión real en las
leyes agrarias la transformación de la estructura de propiedad y de acceso a
los recursos productivos en el campo, y se criminaliza la lucha por la defensa
de los territorios.
Si bien se ha fortalecido una
institucionalidad pública debilitada en el periodo neoliberal, su acción ha adquirido
un carácter impositivo y hay cada vez menos capacidad de diálogo. A la par se
promueve una normatividad restrictiva de derechos y sancionadora: el Código
Integral Penal, el Decreto 16 y otros instrumentos que penalizan la lucha social.
Estas normativas a las que se suman el conjunto de propuestas de enmiendas a la
Constitución, afianzarán el autoritarismo y la restricción de derechos.
Planteamos que el modelo de desarrollo
es excluyente, y favorece a los mismos sectores dominantes que por décadas se
han aprovechado de los recursos naturales, y explotado la fuerza de trabajo
campesina, al amparo del Estado. Eso no ha cambiado.
Los y las campesinas afirmamos que
hemos sido históricamente garantes de la soberanía alimentaria, aportando en el
60% de la canasta básica alimentaria y conservando la agrobiodiversidad y el
agua que son recursos estratégicos. Miles de familias con poca tierra y agua
aportamos con nuestro trabajo al desarrollo productivo del país mientras
cuidamos a la Pachamama, esta es una forma de cuidarnos a nosotros mismos.
Apostamos por la diversidad, la
producción de alimentos sanos para alimentar al pueblo, la reconstrucción ecológica
de nuestros territorios dañados y enfermos por una agricultura de la revolución
verde, mientras recomponemos nuestros lazos solidarios y comunitarios,
rechazando el individualismo y la competencia inhumana que nos propone el
sistema capitalista.
Los campesinos y campesinas somos
actores estratégicos para la alimentación y la economía de la sociedad
ecuatoriana.
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| Valor-arte Caravana alumnos de Cotopaxi Foto: PKthevetia |
2. Nuestra propuesta
agroecológica.- La
agroecología recoge un conjunto de prácticas productivas, enseñanzas del mundo
campesino y de comunidades indígenas y del conocimiento científico y proyecta un profundo sentido de
vida comunitaria y de convivencia con la naturaleza. En la agroecología
confluyen estrategias de resistencia, de construcción de soberanía, de
decisiones consensuadas en el territorio, de sostenimiento de la cultura, de
reconocimiento a nuestra herencia como sociedades agrarias y de construcción de
nuestra autonomía frente al capital.
Es un proyecto para la ruralidad pero
también para toda la sociedad. Es una opción política y económica que permite
romper con el monopolio de las transnacionales sobre los alimentos y devolver a
la ciudadanía el derecho a la alimentación sana y culturalmente adecuada. Es el
instrumento para afirmar que la comida no es una mercancía si no un derecho de
todas las personas.
La agroecología nos permite enfrentar
la desnutrición y malnutrición que son problemas de salud pública. Su papel
fundamental es garantizar la soberanía alimentaria, sin dañar los ecosistemas,
pues permanentemente mantiene los procesos naturales. Nos permite producir alimentos
sanos para el pueblo. Es una propuesta que contribuye a disminuir radicalmente
la emisión de gases de efecto invernadero, menos petróleo, más reciclaje, más
conservación de la biodiversidad, por tanto, es una contribución directa a enfriar
el planeta y posibilita a que las
comunidades rurales puedan enfrentar en mejores condiciones los impactos
provocados por el cambio climático.
Para nosotros campesinos y campesinas la
agroecología nos convoca a un permanente acercamiento con la naturaleza, a
trabajar con ella y no contra ella. Desde la agroecología se valora el trabajo
de la gente como el trabajo de la naturaleza. Se plantea una constante tarea de
reconstrucción ecológica de nuestros territorios cada vez más devastados y
degradados por malas prácticas asociadas al extractivismo.
Exigimos políticas sencillas, prácticas
y efectivas en torno a riego, tecnologías apropiadas, mercados locales y
aprendizajes agroecológicos, que tengan un carácter integral e integrador del
territorio.
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| La feria del II ENA Foto: Gustavo Huera |
3. Nuestro
primer horizonte es la reconstrucción del movimiento campesino.
La unidad es lo que nos fortalece para
luchar, campesinos, indígenas, trabajadores del campo y la ciudad, para
encontrar caminos hacia la soberanía alimentaria, ampliar la autonomía frente a
modelo extractivo y defender nuestros derechos básicos fundamentales.
La nueva matriz productiva nos afecta a
todos, nos proletarizará y generará mayor despojo. Por ello, más allá de las
pertenencias culturales y regionales, el campesinado debe actuar de forma
unitaria, recuperar nuestra dignidad y orgullo de ser productores de alimentos,
e impulsar nuestra solidaridad como clase.
Dejamos de esperar que las soluciones
lleguen desde el Estado y desde los gobiernos, que como éste, ya ha tomado posición
por el agronegocio. Los campesinos y campesinas trabajamos por construir poder
popular desde los territorios. Desde allí planteamos una diferente relación con
la institucionalidad pública donde las normas y políticas respondan al
fortalecimiento de la vida social y cultural campesina.
La juventud rural y las mujeres están
en el centro de nuestros procesos organizativos. Las mujeres son el corazón de
la soberanía alimentaria y las principales promotoras de la agroecología y el
cuidado de la agrobiodiversidad. Debemos luchar contra el patriarcado y la
violencia para fortalecer la organización.
Frente a las acciones por desarticular
al movimiento social, por controlar los procesos y dividir a las
organizaciones, los campesinos y las campesinas hablamos con voz propia, y
juntos nos representamos a nosotros mismos.
4. Nuestra
lucha por democratizar el acceso a la tierra y el agua.- La tierra y el
agua están concentradas en pocas manos, y no existe ninguna política de
redistribución. Por el contrario, prima el criterio de su uso y apropiación en
función del aumento de la productividad en los rubros prioritarios de la nueva
matriz productiva, caña, banano y palma entre otras, mientras que la producción
que sostiene la soberanía alimentaria, como es la agricultura campesina
agroecológica y diversa, es marginada.
El régimen de uso de la tierra
privilegia los monocultivos de exportación, lo cual se verá ahondado con la
nueva Ley de Tierras, que no recoge las propuestas de las organizaciones
indígenas y campesinas, y no plantea mecanismos ciertos para sancionar el latifundio
y redistribuir la tierra. Una verdadera redistribución debe poner la tierra
prioritariamente al servicio de la producción de alimentos para el mercado
interno en manos de campesinos y debe evitar toda forma de reconcentración de
la tierra.
Es necesario que las organizaciones y las familias productoras
discutamos sobre la minifundización de la tierra, debido a que esta poca tierra
no permite tener una economía campesina de bienestar, propongamos
desde nuestra realidad, involucrando a los jóvenes, a las mujeres, a los
mayores para encontrar una
respuesta que permita construir un territorio de soberanía alimentaria y buen
vivir.
La propiedad y formas de comunitarias
de uso de la tierra deben ser protegidas y denunciamos los intentos constantes del
Estado por fraccionar e individualizar nuestros territorios comunales.
El riego es un privilegio al que accede
prioritariamente la agroindustria. Políticas de redistribución del agua han
estado y siguen ausentes, constituyendo el acceso al agua en varias regiones
del país un hecho de inequidad sin nombre. Los que más utilizan y contaminan el
agua, son los que menos pagan.
La Ley de Aguas restringe la participación de la sociedad en la toma de decisiones, aun cuando cada vez es más evidente que solamente con mayores niveles de participación de la sociedad en la toma de decisiones sobre un patrimonio nacional de uso público, se puede garantizar el derecho humano al agua, su uso equitativo y su cuidado. En no pocos casos, los campesinos que hemos levantado nuestros sistemas de agua con mingas y esfuerzos propios, y donde se ha dado inversión pública, somos desconocidos por la Ley de Aguas que nos despoja de la competencia sobre el riego, entregándola a los GADS. La gestión del agua no es solamente cobrar tasas y entregar adjudicaciones, sino cuidar el agua en todas sus formas, los páramos y los ecosistemas para que se mantenga el ciclo vital hidrológico, y esta es nuestra exigencia tanto en la gestión pública como comunitaria del agua.
La Ley de Aguas restringe la participación de la sociedad en la toma de decisiones, aun cuando cada vez es más evidente que solamente con mayores niveles de participación de la sociedad en la toma de decisiones sobre un patrimonio nacional de uso público, se puede garantizar el derecho humano al agua, su uso equitativo y su cuidado. En no pocos casos, los campesinos que hemos levantado nuestros sistemas de agua con mingas y esfuerzos propios, y donde se ha dado inversión pública, somos desconocidos por la Ley de Aguas que nos despoja de la competencia sobre el riego, entregándola a los GADS. La gestión del agua no es solamente cobrar tasas y entregar adjudicaciones, sino cuidar el agua en todas sus formas, los páramos y los ecosistemas para que se mantenga el ciclo vital hidrológico, y esta es nuestra exigencia tanto en la gestión pública como comunitaria del agua.
5. Los
campesinos aportamos en múltiples planos a la economía.- Los campesinos y campesinas somos
sujetos fundamentales de la economía, que abordamos procesos de producción,
transformación e intercambio. Para ello hemos creado estrategias que aseguren producción,
cuidado del ambiente, justicia social y relaciones menos inequitativas entre el
campo y la ciudad.
Cada vez más la distribución de los
alimentos se encuentra en manos de monopolios. Los municipios de una u otra
manera han favorecido la presencia de estos monopolios y poco o nada han hecho
para favorecer iniciativas de intercambio directo productor consumidor, y por
el contrario impiden que se gesten mercados locales agroecológicos, salvo
contadas excepciones.
En el país hay varias experiencias de
mercados locales agroecológicos que se han mantenido de hace varios años. Contamos
con mecanismos como los sistemas participativos de garantía (SPG) basados en la
confianza y el en derecho a controlar y ser controlado, por lo tanto exigimos
que el Estado y la sociedad lo respete sin disminuir su autonomía.
Demandamos un espacio para la
comercialización e intercambio a través de las ferias agroecológicas campesinas,
que reconozcan el aporte del producto agro ecológico como un producto sano para
el pueblo. Exigimos el derecho a establecer circuitos de comercialización
directa del productor al consumidor y a ampliar la compra pública a los
productores campesinos y fundamentalmente a los grupos que producen
agroecológicamente.
Luchamos por un trato diferenciado a
los productores agroecológicos por todos los aportes que brindamos a la
sociedad. Exigimos se revea la aplicación del reglamento de buenas prácticas de
manufactura porque no responden a las realidades del mundo rural y son
utilizadas para favorecer a los agronegocios. Sí, nos comprometemos a trabajar
sobre buenas prácticas campesinas-artesanales para cuidar la salud de los
consumidores y la calidad de los productos.
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| La minga en Chimborazo Foto: PKthevetia |
6. Las
semillas tradicionales son la fuente que posibilita la agroecología.- Reconocemos
que la agrobiodiversidad y las semillas son resultado del trabajo de hombres y
mujeres que a través del tiempo ha logrado conocer, seleccionar, mejorar,
adaptar, perfeccionar variedades de plantas y razas de animales, para cada
ecosistema, nicho ecológico y territorio. Por tanto la agrobiodiversidad es
sustento y cultura, base de la agroecología y soberanía alimentaria.
Nuestras semillas son un patrimonio
cultural y exigimos que sean reconocidas como tal, de libre
circulación y sin ser apropiadas ni patentadas.
El agronegocio destruye la
agrobiodiversidad, por ello, planteamos la defensa de la semilla criolla y ancestral,
su conservación y uso en las fincas, y la permanente transmisión de los conocimientos
asociados a nuestra juventud. No pueden las empresas, las corporaciones o los
Institutos de investigación apropiarse o comprar el saber colectivo, nadie es
dueño de éste, es patrimonio de los pueblos y así debe seguir.
Las semillas que hemos entregado al
Estado y que se mantienen en el Banco de Germoplasma del
INIAP, deben ser por derecho accesibles a través de mecanismos claros y no
burocráticos para su reintroducción a los agroecosistemas.
Nos oponemos radicalmente a la
introducción de semillas y organismos transgénicos.
7. El
TLC-UE: el campesinado será profundamente afectado y no debe ser ratificado.- El Tratado de Libre Comercio con la
Unión Europea, al igual que todos los TLCs, privilegia los intereses de la
agroindustria de exportación (en el marco de la nueva matriz productiva) y
facilita la entrada de productos de la agroindustria subsidiada del norte,
frente a la cual los campesinos no podemos competir.
No hay en el TLC ninguna oportunidad de
desarrollo para la economía y la industria artesanal campesina. Por el
contrario, las normas estipuladas por este tratado, restringe los mercados
campesinos, permite la apropiación privada de la agrobiodiversidad y los
conocimientos, y contribuye a una concentración aun mayor de los recursos
productivos y de mercado.
Nos oponemos a la ratificación del
TLC-UE, y nos planteamos la defensa de los mercados campesinos como condición
para que se garantice la soberanía alimentaria en el país.
8. Afirmamos
la importancia de la educación intercultural y la formación como un derecho y
como una necesidad de las organizaciones campesinas.- Los procesos
educativos propios indígenas y campesinos han surgido como necesidad de la
lucha, desde el territorio, la identidad, la lengua y el proceso de
descolonización.
La formación agroecológica aparece como
una necesidad de este momento político del campesinado. Debemos construir propuestas
de formación para responder de manera autónoma. No creemos en la asistencia
técnica autoritaria desde arriba, sí planteamos un diálogo de saberes, abiertos
a la recreación del conocimiento y al derecho a estar plenamente informados
para la toma de decisiones en los territorios, desde la perspectiva del Bien
Estar y Buen Vivir de la población.
La agroecología nos permite revalorizar
el conocimiento campesino frente a la autoridad académica. La universidad debe
transformarse profundamente para responder a las demandas sociales y en
particular, las del campesinado. Es una de nuestras tareas plantearle a la
Universidad la agroecología como proyecto académico, científico y como una
necesidad social.
En torno a la educación primaria e
intercultural, evidenciamos la manera inconsulta y prepotente de autoridades
educativas que en muchos casos han decidido el cierre de escuelas rurales. Sin
consideración a condiciones particulares de ubicación y culturales, y a nombre
de las ventajas educativas de las escuelas del milenio que no dejan de ser
también en muchos casos “infraestructura grande con débil contenido educativo”,
se ha procedido al cierre injustificado de muchos centros educativos rurales.
Expresamos que esta acción responde a un pensamiento positivista, homogeneizante
y no democrático, donde el sentido de la educación intercultural al igual que
el sentido comunitario y de proximidad al entorno ambiental, han sido vaciados.
Demandamos del Estado el derecho a mantener formas educativas diversas que
favorezcan la formación integral y la interculturalidad en las nuevas
generaciones.
9.
Denunciamos la expansión del extractivismo y de la criminalización.- Existe una política de Estado que
persigue y criminaliza a todo
aquel que se oponga a proyectos extractivos. En este marco nos solidarizamos
con el compañero Javier Ramírez de Intag, preso político, que junto a su
organización viene planteando alternativas al extractivismo, una de ellas la
producción agroecológica. Esto sólo demuestra que los intereses de las
transnacionales prevalecen sobre las alternativas campesinas y de las
comunidades indígenas.
El actual régimen,
no tiene intención de cambiar el modelo de acumulación primaria ni su alianza
con el capital global, para un mayor enriquecimiento de pocos. Es necesario
enfrentar con lucha firme, con procesos organizados que pongan como centro la
soberanía alimentaria en el territorio.
Exigimos el sobreseimiento de todos casos
de campesinos enjuiciados por su defensa de la naturaleza y la inmediata
libertad para el compañero Javier Ramírez. Reconocemos que su lucha es nuestra
lucha.
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| Marcha en Cayambe Foto: PKthevetia |
10.
Fortaleciendo nuestra organización y alianzas.- Los mecanismos institucionalizados de
participación se han convertido en un instrumento de control y de manipulación
del campesinado, puesto que nuestras propuestas han sido ignoradas o
simplemente desechadas ya sea a través de las consultas como de los mecanismos
de participación ciudadana propiciados desde el estado. Por esta razón nuestra prioridad
es construir la organización social, la unidad y el poder popular desde los
territorios y en alianza con los trabajadores, los indígenas y los consumidores
organizados.
La agroecología y la
soberanía alimentaria serán construidas por manos campesinas y trabajadoras.
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