[Quito, Pichincha] La Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología se une al festejo por la libertad del compañero Javier Ramírez, dirigente de la comunidad de Junín, quien se encontraba privado de su libertad en el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra donde permaneció preso durante 10 meses, al ser declarado culpable por supuestamente haber agredido a funcionarios de la Empresa Nacional Minera (Enami).
La comunidad de Junín ha venido oponiéndose a la minería durante 18 años y es uno de los casos emblemáticos de resistencia de las comunidades a la presencia de empresas mineras en el país y a nivel Latinoamericano. Acorde al modelo extractivista impulsado por el gobierno, la actividad minera es ampliamente promovida. Desconoce todo razonamiento fundamentado que demuestra la no conveniencia de que el país ingrese al mundo de la gran minería por los impactos socio ambientales terriblemente negativos, e impide que se debatan opciones para un desarrollo diferente acorde a principios de equidad social y convivencia con la naturaleza. De allí que prevalidos de una actitud autoritaria inciden para que se cometan atropellos a los derechos humanos de quienes se oponen a este tipo de proyectos. Son varios casos de líderes enjuiciados.
Lo ocurrido con Javier Ramírez es un atropello sin nombre. La injusta sentencia devela el uso de la justicia en favor de los poderosos, en este caso la confluencia de intereses del gobierno y de su alianza con la Empresa Chilena CODELCO para la explotación del cobre en una zona altamente sensible por su riqueza en biodiversidad, nacimientos de ríos y por las comunidades que serán afectadas.
En palabras de la CONAIE “Con el compañero Javier se vuelve a repetir el mismo procedimiento: hacer coincidir la sentencia con el tiempo cumplido por prisión preventiva, tal cual ocurrió en los caso de los 10 de Luluncoto y de los estudiantes del Colegio Central Técnico. Así se evidencia una vez más el modo como Estado actúa sobre los pueblos en las zonas de conflicto, consagrando así la desarticulación la resistencia social amedrentando a sus líderes y violando sus derechos humanos”.
Intag, es una zona donde la agroecología es parte de la visión y prácticas productivas de muchas familias campesinas. Desde allí llegó una delegación al II Encuentro Nacional de Agroecología, que expresó con mucha firmeza su voluntad de construir un territorio de vida campesina, de agroecología, de soberanía alimentaria y de cuidado de la naturaleza.
Un abrazo solidario para la comunidad de Junín.
La comunidad de Junín ha venido oponiéndose a la minería durante 18 años y es uno de los casos emblemáticos de resistencia de las comunidades a la presencia de empresas mineras en el país y a nivel Latinoamericano. Acorde al modelo extractivista impulsado por el gobierno, la actividad minera es ampliamente promovida. Desconoce todo razonamiento fundamentado que demuestra la no conveniencia de que el país ingrese al mundo de la gran minería por los impactos socio ambientales terriblemente negativos, e impide que se debatan opciones para un desarrollo diferente acorde a principios de equidad social y convivencia con la naturaleza. De allí que prevalidos de una actitud autoritaria inciden para que se cometan atropellos a los derechos humanos de quienes se oponen a este tipo de proyectos. Son varios casos de líderes enjuiciados.
Lo ocurrido con Javier Ramírez es un atropello sin nombre. La injusta sentencia devela el uso de la justicia en favor de los poderosos, en este caso la confluencia de intereses del gobierno y de su alianza con la Empresa Chilena CODELCO para la explotación del cobre en una zona altamente sensible por su riqueza en biodiversidad, nacimientos de ríos y por las comunidades que serán afectadas.
En palabras de la CONAIE “Con el compañero Javier se vuelve a repetir el mismo procedimiento: hacer coincidir la sentencia con el tiempo cumplido por prisión preventiva, tal cual ocurrió en los caso de los 10 de Luluncoto y de los estudiantes del Colegio Central Técnico. Así se evidencia una vez más el modo como Estado actúa sobre los pueblos en las zonas de conflicto, consagrando así la desarticulación la resistencia social amedrentando a sus líderes y violando sus derechos humanos”.
Intag, es una zona donde la agroecología es parte de la visión y prácticas productivas de muchas familias campesinas. Desde allí llegó una delegación al II Encuentro Nacional de Agroecología, que expresó con mucha firmeza su voluntad de construir un territorio de vida campesina, de agroecología, de soberanía alimentaria y de cuidado de la naturaleza.
Un abrazo solidario para la comunidad de Junín.
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| Foto: Cortesía CONAIE |
